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El siguiente documento es el manifiesto con el que se presentó ante el país el movimiento político creado por Antonio García, Gerardo Molina, Juan Francisco Mújica, Diego Luis Córdoba, Indalecio Liévano Aguirre y otros intelectuales y políticos en 1943, con la intención de impulsar la constitución de un partido socialista democrático en Colombia, separado del partido liberal, en el cual militaban la mayoría de sus proponentes.

 

OBJETIVOS DE LA LIGA DE ACCIÓN POLÍTICA

Una apreciación objetiva de la crítica situación que hace tiempos amenaza, no sólo la estabilidad del orden democrático, sino también la vida misma de la nación colombiana, nos lleva a constituir la Liga de Acción Política, para impedir la existencia constante de la anarquía, el desurden y el pánico y para contribuir, de un modo sistemático y nacionalmente uniforme, a la reconstrucción económica, política y social de nuestro país. La Liga de Acción Política se organiza y presenta como una fuerza autónoma de izquierda, independiente de las camarillas que controlan —en la oposición o en el acuerdo— la vida política colombiana. Nuestra independencia de las directivas actuantes en la política tradicional, se basa en su incapacidad para una acción desinteresada en favor de la nación y de la democracia, dadas las vinculaciones cada vez más estrechas e indisolubles de ellas con las distintas oligarquías que se reparten la opresión nacional. Los intereses nacionales, como los intereses del orden político basados sobre la libertad y la igualdad de oportunidades, no pueden ser defendidos por quienes han impuesto al país una disimulada dictadura de casta.

La Liga de Acción Política —que es una verdadera manifestación orgánica de la izquierda en Colombia— se propone reunir y compactar a todos aquellos ciudadanos que estén interesados en la reconstrucción integral del país —en su economía, en sus instituciones de gobierno y en su cultura— y que anhelen la creación de un sistema de defensas para que la Nación se enfrente con éxito a los problemas de una oscura postguerra la que no ha merecido hasta ahora ninguna seria atención por parte de los líderes del Estado y de los partidos.

LA CRISIS DEL ORDEN TRADICIONAL

La Liga de Acción Política se inicia en un momento de crisis, no sólo de los partidos y del Estado, sino de todo el orden tradicional. Es esta una cuestión tan orgánica y profunda, que se .ha expresado en el marginamiento creciente de la ciudadanía de los actos electorales, en el aumento de la in sensibilidad política, en la mayor extensión de las ZONAS DE NADIE: estas son reacciones negativas —pero las únicas posibles en una democracia que no perfecciona o elabora su propia conciencia política— contra las directivas políticas que tiene actualmente el país. Este fenómeno de la abstención electoral progresiva no puede ser interpretado ligeramente —como se ha hecho en reciente documento oficial— como una manifestación de tranquila seguridad en el régimen, sino como un voto de desconfianza: cuando no existe otra manifestación vital de los partidos que la expresión electoral, ni el Estado dispone de otros elementos de juicio que los resultados electorales, ni la democracia se entiende de otra manera que como un mecanismo asentado sobre un sistema de feudos electorales, la abstención no es un síntoma de tranquilidad sino de catástrofe. ¿Cómo se justifica entonces una democracia que no logra interesar siquiera a las minorías que disponen de cédula electoral y ésta tampoco alcanza a cubrir la octava parte de la población colombiana? Los problemas orgánicos de nuestra democracia son cada día mayores porque la política de las direcciones de partido consiste en ignorarlos o en estimular y propiciar su ocultamiento. Pero esta POLÍTICA DEL AVESTRUZ no es sólo ineficaz, sino delictuosa y suicida. Todos nosotros hemos esperado largo tiempo a que los llamados dirigentes de los partidos y el gobierno, tratasen de afrontar seriamente la crisis de un orden democrático que ha carecido de los elementos fundamentales de consolidación: una organización estable de los partidos o de la opinión pública, un sistema racional de representación, un sentido social del Estado y una conciencia política. Pero no sólo nada se ha hecho para que sea más efectivo el principio del “gobierno por el pueblo", sino que se ha impedido que los sindicatos o los partidos se conviertan en elementos de creación de una conciencia política, sin la cual la democracia es un simple abuso de lenguaje. Contra la posibilidad de transformación han conspirado los creadores y propagadores de mitos como el de la perfección de nuestro sistema democrático, el del carácter popular del congreso o el de la independencia e invulnerabilidad del órgano judicial. Lo cierto .es que las propias directivas políticas —integra das por oligarquías y una fácil clientela de indecisos y burócratas— han estado interesados en el cultivo y mantenimiento de esta monstruosa deformación de la democracia: han convertido la ignorancia, el gregarismo y la desorganización de la opinión pública, en la base misma de, su sistema político y en la razón de su fuerza electoral. Este es el precio de los caudillos, de un carácter u otro, que han parasitado la Vi da de nuestros partidos tradicionales. Por esta causa hemos visto con amargura, aunque sin sor presa, que el único modo de remediar las crisis de los partidos es el pacto de los jefes, la unión artificial de la directiva: hasta dónde se ha protocolizado el principio de que el pueblo —considerado como una inerte masa electora— no cuenta en la vida de los partidos, ni aún en sus momentos de vida o muerte. Este fenómeno hace más aguda la crisis del orden tradicional: no sólo la indiferencia del pueblo por una cosa política que ve manejada por castas y camarillas, sino la indiferencia de los dirigentes de los partidos y el Estado por el pueblo, circunscrito ya a un estrecho marco de obligaciones electorales. A este divorcio del pueblo y las directivas, del gobierno y los partidos, se suma la falsificación del organismo en el que parece resumir más físicamente la democracia: el parlamento. Por lo mismo que defendemos la doctrina de la representación popular, debemos afirmar que nuestro sistema actual es una deformación del verdadero principio de la representación popular; ni el congreso mismo está seguro de su autenticidad política. Pero esta debilidad de nuestro sistema parlamentario sería menos visible si a lo menos hubiese funcionado como una institución de trabajo, técnica y dispuesta al servicio. Sin embargo, sería difícil saber si la mayor debilidad del Congreso reside en su ineficacia técnica o en su carácter oligárquico, condiciones que han sido estimuladas con el principio de la irresponsabilidad parlamentaria. Qué puede ser un Congreso Nacional cuyos miembros no deben responder, ni por sus ideas, ni por su conducta, ni ante el electorado, ni ante los partidos, ni ante nadie? Qué puede ser un sistema parlamentario que no exige una organización de la opinión pública en instituciones permanentes, una ficción de mandatos, ni establece una vinculación orgánica entre el elector y el elegido? Qué puede ser el elegido si la obligación del servicio es sólo un problema moral del individuo?

ESENCIA EN LA CRISIS DE LOS PARTIDOS

Por encadenación lógica —ya que todos los problemas nacionales están vinculados los unos a los otros—llegamos a la crisis ideológica y organizacional de los partidos. Se pretende— para garantizar el  poder de las oligarquías políticas o de los "propietarios de opinión”— que los partidos tradicionales deben continuar siendo asociaciones sin estructura, ni ideológica ni disciplinaria. Es así como las colectividades tradicionales han visto borrar sus fronteras ideológicas, por la razón elemental de que no existen campos ideológicos, programas de partido, sistemas políticos de construcción nacional desde la oposición o desde el gobierno. Y si no existen ideologías, sino una política de personalismo más o menos disfrazado, tampoco puede existir la organización estable: y si falta la ideología y la organización, debe faltar también la responsabilidad, la disciplina y la moral política. ¿Ante quién y de qué se responde? ¿Y cómo se juzgan los hechos que atentan contra la moral política, si la solidaridad de los partidos es sólo una solidaridad NEGATIVA, de adhesión y celestinaje? A dónde van nuestros organismos políticos que sólo pueden entender la solidaridad como un sistema de cancelar los vicios por medio del ocultamiento? Esto, es obvio, pone a los partido? en la situación de defender más ahincadamente sus vicios, sus errores o sus delitos, que sus aciertos y cualidades positivas. A más de la falla política, y a más de la falla técnica, encontramos en nuestro actual sistema parlamentario una falla moral: ésta consiste en que los representantes del pueblo puedan negociar con su autoridad al utilizar en negocios privados las ventajas conseguidas por una investidura política. Sobra, por lo demás, hacer una relación historiada de los escándales administrativos que tanto han conmovido la opinión colombiana. El parlamento colombiano ha degenerado en , un instrumento para coaccionar la administración pública, en un tribunal que prejuzga, para salvar a ciertos personajes políticos de los tribunales ordinarios,  Este tipo de parlamento irresponsable y negativo, es el peor enemigo del sistema parlamentario por el que nosotros lucharnos. Su descrédito nacional se amplía con la propaganda de los totalitarios embosca dos, pero se basa en sus propios hechos y en su propio asta do de disolución. Es el mismo parlamento —incapaz de poner remedio a sus vicios ocultos y públicos— el que contribuye negativamente en la tarea disociadora de desprestigiar con un cuerpo transitorio legislativo, al principio mismo de representación popular.

LA REFORMA TRAICIONADA

Hemos esperado la realización de una política seria de reformas que salve al país de la anarquía y de la servidumbre internacional. Sólo la existencia de una nación realmente construida, en su economía y en su cultura, puede crearle derechos a sobrevivir dignamente, como una nación efectiva mente dueña de sus destinos y capaz de satisfacer sus necesidades vitales. Pero la ansiada política de reformas —y no incurrimos en el error demagógico de confundir las reformas con las revoluciones— se ha convertido en una política de SIMULACIÓN DE REFORMAS, como si los problemas pudieran resolverse con un engaño dialéctico. Nosotros explicamos esta traición a los propósitos reformistas con que triunfó el liberalismo, por e! hecho de que los antiguos reformadores han anclado definitivamente en el seno de las nuevas o viejas oligarquías. La política oligárquica es esencialmente conservadora, negativamente conservadora, porque su objetivo puro y simple es la conservación de un orden de privilegios y el uso del poder en un sentido de patrimonio de casta. En cuanto a su carencia de sentido nacional, de generosidad patriótica, de impulso constructivo, o en cuanto a su voracidad y espíritu de feudo, no podemos establecer diferencias profundas entre las nuevas y viejas oligarquías. El camino de las reformas hace tiempo está cerrado. Nada se ha hecho para garantizar la existencia de un nuevo orden jurídico y político, que desde luego concebimos de acuerdo con los principios fundamentales que informaron la reforma constitucional de 1936. La política en los últimos años se ha orientado hacia la esterilización de los más constructivos principios constitucionales, de tan honda inspiración social: el de que la propiedad es una función social que implica obligaciones; el de que la expropiación puede ejecutarse sin indemnización; el de que el Estado intervendrá para racionalizar la economía; el de que el trabajo es una obligación social que gozará de especial protección del Estado; el de que la asistencia pública es una función estatal; el de que el interés privado debe ceder al interés público, en caso de ser contradictorios o excluyentes. Pero todas las reformas —debemos afirmarlo públicamente— se han quedado en la etapa de los planteamientos iniciados; lo mismo en el terreno agrario que en el crediticio, en el de la organización judicial que en el de la educación pública, en el fomento industrial que en el de coordinación del comercio exterior, en el de la política frente a los otros pueblos que en el de la política frente a nuestro propio pueblo.

LA CUESTIÓN AGRARIA

A pesar de que la ley 200 de 1936 —abusivamente considerada como un estatuto de tierras— no ha servido sino para resolver el problema de la limpieza de titulación a costa de los colonos, mientras que nada se ha hecho para dar real solución al problema del campo colombiano: muy al contra rio; se le ha agravado con una política de parcelación orientada mercantilmente, que crea una masa de pequeños propietarios anarquizados y bajo la servidumbre de los bancos hipotecarios, que valoriza las haciendas y busca principalmente resolver los problemas económicos de los terratenientes o de los fiscos departamentales; con una política de disolución de las comunidades indígenas, para satisfacer las peticiones de comerciantes y hacendados a caza de tierras y hombres a bajo precio; con una política de seguridad rural que convierte los problemas agrarios en casos de policía. El ausentismo de la tierra debe reprimirse, si se acepta el principio constitucional de que la propiedad es una función social, esto es, de que el derecho no se legitima sino por medio del cumplimiento de obligaciones. Sin esta represión del ausentismo —y sin el suministro de tierras a los trabajadores agrícolas, no en forma individual sino de colonias o haciendas con una dirección técnica y una ayuda financiera del Estado— no podrá resolverse el problema del déficit de producción agraria ni el de incorporación efectiva del campesino a la vida nacional, por cuanto hoy es solamente un sujeto pasivo de obligaciones. Resulta plenamente inadmisible el que la mayoría del pueblo trabajador en un país campesino con una población rural de cerca de 7.000.000 de hombres, esté al margen de las garantías y derechos que concede la ley social, esto es, que carezca prácticamente de derechos sociales.

SENTIDO OLIGÁRQUICO DEL CRÉDITO

El crédito en Colombia es un privilegio de clase: el régimen de garantías específicas y la política de seguridad financiera de los bancos, los hace inaccesibles a las mayorías trabajadoras del país. Bien podemos hablar de “democratización del crédito”, pero lo cierto es que el crédito tiene una constitución y una función oligárquicas. El principio que rige, en la banca privada o en la pública, es el de que el que carece de capital no puede adquirir capital. Nosotros afirmamos que ésta es una política suicida y antinacional en un país pobre y sin elementos de trabajo. La industria bancaria de servicio para la creación económica, se ha convertido en un mecanismo de succión de la riqueza social; de medio se ha convertido en fin. Aún los bancos del Estado, integrados cofa capital del pueblo colombiano, como la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Banco Central Hipotecario, etc., están guiados por el mismo criterio mercantil, por la mísera orientación de beneficiar a los hacendados y capitalistas que presten mayores garantías. Así podemos comprobar, en vía de ejemplo, que la Caja de Crédito Agrario ha disminuido actualmente su total de préstamos (en un período de reducción del poder de compra de los campesinos pobres, artesanos, pequeños industriales), que desperdicia un amplio cupo de financiación en el Banco de la República, que gasta cerca de un millón de pesos en burocracia, que exige en garantías cerca de ocho veces más del valor de los préstamos concedidos, que deja en manos de las seccionales (en manos a su turno de las oligarquías de parroquia) la forma de distribución social de los créditos. Nosotros planteamos la necesidad de que el crédito sea un servicio social para que desempeñe en el país un verdadero papel de herramienta de construcción nacional. Es apenas lógico que si la emisión de moneda es un monopolio del Estado —por su condición de elemento básico del orden público económico— también debe ser un monopolio del Estado la creación del crédito. No pueden estar en manos de personas privadas, para ser objeto de especulación mercantil, las actividades de las que depende vitalmente la construcción nacional o la elevación del nivel de trabajo del pueblo.

EL PROBLEMA INDUSTRIAL

La Liga propicia una nueva política de creación industrial. Pero nuestro concepto de la industrialización colombiana es realmente técnico y nacional, puesto que la concebimos como una transformación de conjunto y no para beneficio exclusivo de oligarquías sino de la sociedad colombiana. No queremos una industria mendicante, al amparo perpetuo de unas barreras de aduana y que se limita a consumir las ganancias netas en un, mercado nacional sin competencia, sino una industria sólida y orgánica, que utilice racional e íntegramente nuestros recursos naturales, nuestras materias primas, nuestras tierras desocupadas, nuestra mano de obra y la técnica y los capitales que sea posible importar. Estamos en contra de la anarquía industrial y del desperdicio de riqueza, así como de la elaboración de bloques industriales cuyo objetivo no sea, en primer término, satisfacer las necesidades de nuestro pueblo con la mayor eficacia y al menor costo. Esto plantea la necesidad de substituir la política de ayuda a ciertas oligarquías industriales —como se realiza a través de organismos públicos como el llamado Instituto de fomento Industrial— por una política de fomento planificado de la industria; en, el renglón total de las fibras; en el de los metales; en el de las drogas; en el de los productos alimenticios, pecuniarios o agrícolas; en el de las materias forestales; en el de los combustibles. En una economía internacional anarquizada, nuestro país no puede subsistir, ni mejorar sus condiciones, sino por medio de una política de planificación. Entre la libertad de la nación y la libertad de la economía, nosotros preferimos la libertad de la nación; entre la libertad de la economía y la libertad del hombre, nosotros escogemos la libertad del hombre. Actualmente la economía es libre pero nuestra sociedad es esclava: nosotros queremos una sociedad libre y una economía esclava; porque sólo concebimos la economía como un MEDIO de que la sociedad sea políticamente libre. Partiendo de este principio, afirmamos que no pueden estar en manos privadas ni ser objeto de lucro las actividades o factores de los que depende vitalmente la nación colombiana: la salud pública, la educación, el crédito, los transportes, los combustibles básicos, los metales monetarios o de alto valor industrial, el comercio exterior. De otro modo no puede afirmarse que exista un orden político en el que se tome en serio el principio —ya consagrado en nuestras constituciones— de que el interés privado debe ceder al interés público en caso de contradicción

EL PROBLEMA DE LOS CONTROLES ECONÓMICOS

Nadie más que nosotros acepta el establecimiento de controles sobre la economía —las importaciones, los precios, los transportes, pero con la condición de que respondan a un concepto administrativo y a un propósito de construcción o defensa nacionales. No podemos confundir los controles técnicos— de funcionamiento eficiente y vinculado orgánicamente a la producción, con las "simulaciones de control", que a más de obstruir e implicar un encarecimiento de la administración pública, son herramientas de consolidación oligárquica. Ni la Superintendencia de Importaciones —en manos de grandes importadores— ni la Interventoría de Precios —dirigida por representantes de los más poderosos grupos industriales, terratenientes y comerciales importadores— ni el Consejo de Defensa Económica Nacional —.asociación privada de notables— son organismos que puedan crear o dirigir o controlar nada en beneficio de la Nación colombiana. El país carece de instrumentos de estudio y planeamiento, de su política económica, resultando ésta un verdadero juego de suerte y azar o más exactamente, una improvisación de funcionarios improvisados. Por lo mismo que queremos el control como sistema de defensa y no como farsa, no podemos desvincularlo de dos clases de problemas: los de las posibilidades del manejo directo de la producción y el transporte, y los de fomento de la producción. Los problemas de la economía sólo pueden resolverse cuando se los concibe de un todo orgánico: ¿cómo pensar que basta la fijación de precios máximos para ciertos productos cuando su producción es deficitaria y su movilización imposible o retardada? ¿Cómo pensar en transformar la vivienda popular si no se aumenta la capacidad de compra de las clases trabajadoras? ¿Cómo planear una racionalización de la economía nacional mientras la salud pública se considera como un simple mercado y no existe una política de conservación de la mano de obra? ¿Cómo tratar de remediar la subalimentación y las degeneraciones biológicas, si la fijación de salarios es dejada al arbitrio de las empresas, para las que el salario es un simple elemento de la contabilidad de producción? ¿Y cómo planear una política general de salarios altos sin haber realizado en Colombia una revolución industrial, no ayudando a quebrar o desplazar ¡as pequeñas empresas, sino confederándolas y suministrándoles medios financieros y dirección técnica?

¿EXISTE UNA REFORMA EDUCACIONAL?

La Liga de Acción Política plantea la necesidad de una reforma de la educación pública, en un sentido fundamental y constructivo. No podemos afirmar que el panorama cultural del país haya sufrido grandes transformaciones cuando el censo de 1938 arroja un 58 de población analfabeta; cuando la población ha crecido a mayor velocidad que el número de escuelas y maestros; cuando las escuelas, colegios y universidades van teniendo una menor eficacia social; cuando el Estado se niega a realizar un control racional de la enseñanza privada —en cuanto a sus bases técnicas y sociales— fomentando con su pasividad e indiferencia la conversión de la enseñanza secundaria o profesional en el más lucrativo negocio para los grandes colegios influyentes, mientras que los institutores que carecen de capital y de influencia se arruinan; cuando las instituciones docentes carecen de función vital, desconociendo sus objetivos de servicio a la nación colombiana; cuando la Universidad es una mecánica de organismos coloniales, sin investigación científica ni orientación definida y sistemática hacia la Vida social; cuando la población llamada alfabeta —por saber leer y escribir— carece de elementos de transformación cultural y termina por exhibir una nueva modalidad del analfabetismo; cuando no existe otro método de incorporación de los pueblos de indios a la vida nacional que el sistema arcaico de las misiones; cuando no se ha logrado adquirir una visión unitaria, orgánica, de los problemas de la educación en sus diversas etapas, estableciendo barreras artificiales entre la escuela, el colegio, la universidad o el instituto profesional. Con amargura, debemos reconocer que a pesar de los progresos parciales, en la enseñanza profesional, por ejemplo, aumenta la población analfabeta, aumenta la población sin capacidad profesional y aumenta la ineficacia técnica y social, que hemos de juzgar en función de la vida moderna y de la capacidad económica de nuestras clases, de los institutos de enseñanza. ¿Cómo debemos juzgar el que apenas un 6 o 1 de los niños matriculados en las escuelas primarias pueden cursar regularmente en ellas? ¿Cómo debemos apreciar el que ni un 8 o 9 de la población que se matricula .en primer año de bachillerato pueda llegar hasta el último año? ¿Cómo debemos juzgar el que la formación de bachillerato no sirva en absoluto de orientación para la vida? El crecimiento de los institutos privados no significa un avance real, puesto que suponen un abandono creciente de parte del Estado de "sus deberes socia les"? —tal como lo plantea la constitución— por cuanto flaquea la intervención técnica en la enseñanza y ésta no sólo carece del sentido de servicio sino que cada día tiene una más acentuada, orientación mercantil. La Liga de Acción Política afirma que mientras la enseñanza no sea un servicio social, adaptado a las necesidades e intereses del país y basados sobre las nuevas adquisiciones científicas, su papel no es democrático, universal ni constructivo. En un país analfabeta que se ha mantenido con el mito de la tradición grecolatina y pseudohumanista, la tolerancia con las industrias de títulos o de cultura es un delito contra el orden público, que supone en la democracia una verdadera igualdad de oportunidades. No podemos desprender los problemas de transformación cultural de la población, de sus problemas sanitarios y biológicos. Pero el problema de la sanidad y conservación del material humano, no puede resolverse sin una transformación económica, porque los salarios bajos no pueden servir para satisfacer racionalmente las necesidades vitales: de la alimentación, del vestido, de la vivienda, de la compra de ser vicios y elementos de conservación y defensa. ¿Cómo puede hablarse de sanidad pública —aunque la asistencia es función del Estado— si más de quinientos municipios del país carecen de servicios médicos y hospitalarios? ¿Cómo puede intentarse un aumento de resistencias biológicas de las clases trabajadoras si no cambian sus condiciones de vida y de trabajo, aumentando su poder de compra y mejorando su sistema de distribución de gastos? ¿Cómo puede hablarse de defensa real de la población mientras la medicina no sea un servicio social financiado por el Estado?

ESTRUCTURA FEUDAL DE LA JUSTICIA

No podríamos, para terminar este cuadro sucinto de problemas fundamentales, prescindir de hablar de la reforma judicial, esto es, de la necesidad de transformar la estructura feudal de la justicia. Tanto el procedimiento como la organización judicial tienen características coloniales: aún se clasifican las cuestiones con el criterio clasista de la cuantía, negándose recursos a los pequeños patrimonios: aún la justicia tiene un carácter secreto; aún el procedimiento es rígidamente escriturario, lento y costoso, estimulando el retraimiento o la imposibilidad de litigar en las clases trabajadoras, sin capacidad económica para el pago de servicios o la espera del fallo; aún se guían los jueces por las tarifas legales de pruebas, que no pueden ser producidas con las mismas facilidades e integridad por las distintas clases sociales; aún predomina el sistema arcaico de la autodefensa, desempeñando el abogado un simple papel de obstructor del proceso y cumpliendo el juez una función casi mecánica; aún la judicatura tiene una organización jerárquica, a la manera colonial, en vez de una organización racional basada sobre toe principios de la división científica del trabajo; aún se administra la justicia con un criterio mercantil, viendo el Estado en la venta de especie?, o la prestación de servicios (estampillas, papel sellado, derechos notariales, etc.) un simple arbitrio rentístico. Esta justicia sin organización técnica ni sentido democrático —puesto que el pueblo no interviene en la elección de sus jueces— es apenas una simulación de justicia. Su reforma no consiste, como hasta ahora se ha planteado con un desconcertante simplismo, en una cuestión de nombramientos, en un cambio de elector; en un sistema democrático el derecho es una expresión política y es por lo tanto absurdo hablar de que deben desvincularse la elección de jueces de los organismos donde se concentra la vida política. No se trata de que los jueces sean elegidos por las asambleas o por la Corte Suprema, sino que se TRANSFORME el sistema, de que la administración de justicia sea una verdadera función del Órgano Judicial, una acción del Estado, tal como se sienta en los artículos 52 y 53 de la Constitución de 1936. Se trata de que se realice una división racional del trabajo; de que la administración de justicia sea pública y se establezca un código de normas disciplinarias; de que el procedimiento sea rápido, gratuito y oral, para que la justicia sea democrática y eficaz; de que los jueces tengan iniciativa en la investigación de los hechos y no se limiten a la calificación pasiva de las pruebas presentadas por las partes; de que las autoridades administrativas —como los Alcaldes— no tengan también en sus manos la administración de justicia, como lo prohíbe el artículo 55 de la Constitución; de que el abogado sea un auxiliar de la justicia y no una simple adición de cualquiera de las partes; de que se establezca una igualdad de la justicia, para que todos los tribunales sean igualmente accesibles a .toda la población; de que se garantice la independencia del juez, económica y técnica, la que lo pone al margen de la coacción directa o indirecta y la que lo faculta para investigar científicamente los hechos; de que el pueblo intervenga en la elección de sus jueces. Hemos llegado a un tal grado de deformaciones, que nuestra justicia ya no corresponde a un concepto democrático: su esencia democrática está negada en su misma organización viciosa, burocratizada y colonialmente jerárquica.

NECESIDAD DE LA REFORMA DEL ESTADO

Pero mal podríamos pensar que el Estado puede reformar al país sin reformarse a sí mismo: en el orden político, dando autenticidad y responsabilidad a la representación del pueblo; en el orden técnico, organizando racionalmente al Estado como una empresa de servicios. Sin la racionalización u organización científica de la Administración Pública, no hay racionalización de la Economía Nacional, ni eficacia en el esfuerzo, ni posibilidad constructiva: y es una condición tan esencial que sin ella se ha quedado escrito el principio constitucional del intervencionismo y han sido ineficaces los organismos de control económico. Y esto es lo que plantea con entereza la Liga de Acción Política, sin otro pensamiento que el de que nuestro país resuelva con éxito la crisis que vive, ya convertida en crisis crónica: la revisión técnica y política del Estado, buscando como ideales la racionalización del servicio y el mejor servicio social. La democracia no podrá salvarse —de sus enemigos o de sus falsos amigos— sino constituyéndose en democracia económica y social. Esta es la meta, el objetivo de la reforma: un perfeccionamiento de la democracia, para hacerla más humana, más defensable, más firme y justa. El país ha estado esperando esta desburocratización del Estado, esta poda de asambleas y organismos inútiles, esta integración de servicios, esta dirección social de los objetivos.

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL FRENTE DEMOCRÁTICO

Todo esto —que planteamos al país o a quienes quieran generosamente salvarlo— es lo que representa el nuevo espíritu de la Democracia Mundial, por la cual luchan los trabajadores manuales e intelectuales de las Naciones Unidas. Es el mismo espíritu de la Carta del Atlántico y de la Constitución de 1936, a cuyas espaldas vive nuestro propio gobierno, nuestro propio parlamento, nuestra propia justicia. Nosotros sabemos que la victoria contra el Nazismo supone no sólo un frente militar, sino un frente político: el de la depuración de la Democracia en el propio país. ¿Cómo entender una adhesión a la causa democrática, como la de algunos países americanos, que haya de servir de cortina de humo al aniquilamiento interno de todo vestigio democrático? ¿Cómo entender una adhesión a la causa democrática si la guerra está sirviendo de coyuntura, de consolidación a nuestras oligarquías? Cómo esperar un cumplimiento de la Carta del Atlántico si los países de estructura e intereses semejantes —como los Latinoamericanos— no coordinan solidariamente su actividad? Nuestro papel actual es pasivo y nefasto: ni el país trata de organizar un sistema de solidaridad internacional, ni tampoco intenta crear un sistema interior de defensas.

SENTIDO DE LA SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA Sin una auténtica solidaridad Latinoamericana —no la equivoca que se expresa en simples declaraciones diplomáticas de afecto y en una transformación del lenguaje de cancillerías— la Carta del Atlántico no podrá ser sino un documento ideal. Nuestros gobiernos han entendido que la Carta del Atlántico es un compromiso unilateral de los Estados Unidos e Inglaterra y que por lo tanto su cumplimiento depende exclusivamente de la voluntad de éstos. El sentido de la Carta del Atlántico, como Carta de la Democracia Mundial, como estatuto que regule las relaciones entre los países débiles v fuertes, en un plano de efectivo respeto e igualdad, no puede ser sino un sentido democrático: no sólo supone, sino que exige, la formación de bloques de naciones con afinidad de necesidades e intereses. Sin esta agrupación de naciones basada en una sustancial modificación de la política tradicional, en cuanto a los sistemas de comercio, los cambios de las monedas, y las prácticas aduaneras se mantendrá la desproporcionada relación de poder entre los grandes y los pequeños países. Exigimos el cumplimiento efectivo de la obligación de Colombia de participar de manera efectiva en la lucha de las naciones democráticas contra el Eje, mediante la declaración inmediata de la Guerra, y consideramos que nuestra responsabilidad histórica nos lleva a actuar desde ahora en forma tal que Colombia pueda intervenir por derecho propio en las conferencias de la paz. Un nuevo orden internacional carecerá de equilibrio, si al lado de las grandes potencias no existen —para organizar la cooperación igualitaria —bloques compactos de países con fuerza económica y política propia. En esto no hacemos si no aplicar al terreno de las relaciones internacionales, el criterio de la NECESIDAD DE ASOCIACIÓN que preside las relaciones sociales, para equilibrar con el sindicato o con el contrato colectivo de trabajo, el poder de las clases patronales. Y es justamente esta asociación de las partes débiles la condición misma de un orden jurídico democrático. Pero el problema inmediato es el de cuáles son los vehículos de compactación latinoamericana, o los medios de expresar la nueva política de solidaridad que preconizamos. Estos son los que se adapten a la constitución económica y necesidades particulares de la América Latina: abolición de la competencia entre países productores de un mismo artículo, estableciendo un CARTEL de ventas; sustitución del comercio de libre concurrencia —que supone un desarrollo capitalista que no tienen los países Latinoamericanos— por otro de trueque científico, convirtiendo la moneda en una simple unidad de cuenta, asegurando el Estado la financiación de las exportaciones, y abaratándose el cambio de mercancías y servicios con la eliminación de los intermediarios inútiles; realizando UNIONES ADUANERAS —como las que proyectan actualmente los países australes— que en vez del principio de la PROTECCIÓN NACIONAL, apliquen el de la PROTECCIÓN AMERICANA. Estas pueden ser —a nuestro juicio— las bases de una nueva política de "buena vecindad" con los países latinoamericanos; sobre ellas podrá edificarse un nuevo sistema de relaciones culturales y políticas.

RECONSTRUCCIÓN NACIONAL DE LA GRAN COLOMBIA

La primera etapa de esta nueva política debe ser necesaria mente la reconstitución nacional de la Gran Colombia. No era hace más de un siglo, sino ahora, cuando los países de la Gran Colombia —Venezuela, Ecuador y Colombia— pueden y necesitan constituirse en una Nación. La antigua Gran Colombia no podía ser sino una creación momentánea, puesto que su carácter era el de un frente militar, cuya compactación dependía de la duración de las guerras de independencia. La integración de una Nación Grancolombiana —libremente confederada— es hoy una necesidad de orden vital sin Venezuela y Ecuador, Colombia es una "casa de esquina” desguarnecida: sin Colombia y Ecuador, Venezuela es una simple hacienda ganadera y un campo de petróleos; sin Colombia y Venezuela, el Ecuador es apenas un campo para el cultivo colonial del cacao o el trigo o para la extracción de maderas, oro y petróleo. Esta reconstitución dirigida no puede ser, naturalmente, una obra de convenios gubernamentales, sino un efecto de la coalición de intereses: planteamos, de conformidad, la necesidad de fijar las etapas graduales de esa política grancolombianista: unión aduanera, eliminando los conceptos estrechos de "protección local"; unión monetaria, constituyendo un sólo sistema monetario grancolombiano; unión de compensaciones, organizando el canje di recto y total de mercancías y servicios grancolombianos. En el orden político, reconocimiento de derechos amplios de ciudadanía a todo ciudadano de otro país de a Gran Colombia. Pero lo mismo que en 1830, los intereses locales, las coaliciones oligárquicas, los grupos sin visión nacional, conspiran contra la reconstitución nacional de la. Gran Colombia. Sin embargo, debemos advertir que contra esta "política nacional" se conspira hoy utilizando el propio lenguaje grancolombiano. Sus verdaderos y quizás únicos amigos son quienes —como nosotros— en Ecuador y Venezuela, plantean la necesidad de una reforma básica del Estado y del orden político, y no están dispuestos a sacrificar el interés nacional por el interés de las castas. La integración nacional de la Gran Colombia, la unión de países Latinoamericanos, son la mejor colaboración con los amigos norteamericanos de nuestra América Latina, para impedir que el Panamericanismo sea de nuevo un camouflaje de la "diplomacia del dollar".

LLAMAMIENTO A LA SALVACIÓN NACIONAL

Somos un país en descubierto, sin sentido de su propia in dependencia, por cuanto esta se la concibe como un don gracioso de las grandes potencias democráticas. Nuestras oligarquías gobernantes son responsables de este desguarnecimiento económico y político de la Nación Colombiana, puesto que su política no se ha orientado hacia la defensa nacional sino a la casta. Nuestra independencia no depende de nosotros mismos, sino de que voluntariamente se la reconozca por otras naciones. Esta vez el providencialismo tradicional, la espera en el fenómeno milagroso, es un camino hacia el suicidio nacional. Por esto desechamos el que la vida política continúe como un sistema de simulaciones y engaños, desperdiciándose irresponsablemente un tiempo de vida o muerte, para la Nación Colombiana. Porque lo que nosotros estamos planteando, por lo que está llamando nuestra Liga a los obreros y a los campesinos, a los profesionales y a los empleados, a los universitarios, a los industriales y comerciantes fuera de las oligarquías, es para resolver una cuestión de vida o muerte, Y para proclamar que sólo una reforma fundamental puede salvar las dos cosas esenciales del País: su soberanía y su orden democrático.

 

COMISIÓN EJECUTIVA: Juan Francisco Mújica, Gerardo Molina, Antonio García, Diego Luis Córdoba, Luis Rafael Robles, Jorge E. Pineda, H. Restrepo Botero, Ernesto Anzola. Gabriel Muñoz Uribe Secretario. Francisco Gómez Pinzón, Carlos H. Pareja, Luis Alberto Bravo, Luis E. Restrepo, Octavio Robledo Avendaño, Antonio José Guardo, Fabio Ángel Jaramillo, José Eduardo Gnecco, Gabriel Camargo J., Adalberto Reyes, A. Socarras Guillermo Ardila Gómez, Carlos Tayeh Vega, Vidal Martínez, Indalecio Liévano Aguirre, Jacobo Casij, Guillermo González Ch., Jaime Quijano C., Luis Alfonso Pallares, Manuel Rozo, Guillermo Tapias C., Abimael Caballero .sierra, Héctor Rubio Cuervo, Carlos Barrera T., Pedro León Cipagauta, Harold Zúñiga, A. Laguado, Carlos A. Rozo, Gabriel Escobar Sanín, Alfonso López Vélez, Eduardo Minan, Arturo Valencia Zea, Pantaleón Contreras, Jorge Lagos, Luis Henao R., Pedro Nel Jiménez, Hernán Baquero Gz.

 

 

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Ultima actualización abril de 2008
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